Dos países del continente, Colombia y Chile, aplican un sistema de control regulatorio en móviles que implica prohibir el cobro diferenciado de tarifas para llamadas a otros operadores. Es decir establecen que una marca no puede cobrar una tarifa para cuando llamas a otro operador y un «costo cero» cuando la llamada es a clientes del mismo operador (tal como ocurre al usar el RPM o el RCP).
En nuestro país no existe dicha norma, pero en más de una oportunidad se ha debatido la conveniencia o no de implementarla. Esta semana se retomó el tema durante un seminario internacional organizado por la Universidad de Pacífico (UP). A continuación un resumen de las opiniones vertidas en dicho evento.
EL CASO COLOMBIANO
En Colombia se tiene hoy un mercado mucho menos concentrado que diez años atrás gracias a la aplicación de un conjunto de medidas para promover la competencia, entre ellas la eliminación de las tarifas diferenciadas, entre clientes de uno u otro operador, señaló Juan Pablo Vásquez, coordinador de regulación de mercados de comunicaciones en Colombia.
Según Vásquez, ellos establecieron primero reglas para facilitar la portabilidad, cambiar de operador manteniendo el número telefónico y luego permitieron la llegada de los OMV (operadores que no tienen red propia, sino que la alquilan), pero no encontraron grandes cambios en el mercado. Ante ello, en el 2012, añadieron nuevas medidas: la venta de equipos desbloqueados y la eliminación del cobro de tarifas diferenciadas entre clientes y no clientes.
Cuando un usuario encuentra diferencias de precio entre las llamadas dentro del mismo operador o fuera de él, comentó, se lo piensa mucho antes de cambiarse de operador aun cuando el servicio no sea bueno, pues gastaría más. ¿Por qué decimos que gastaría más? Como la mayoría de usuarios pertenecen al operador dominante (en Colombia el líder tenía 62%) permanecer con él le permitía hacer la mayoría de llamadas a costo cero.
Con la medida, sumada a las otras antes descritas, el operador dominante redujo su presencia en más de diez puntos porcentuales, llegando al 48% actual, y creció la presencia y participación de los OMV. Además, se redujo el total de tráfico dentro de la red privada de 92% en el 2012 a 73% en el 2016.
En un mundo ideal, comentó, si se tiene el 60% del mercado, en términos de usuarios, se debería generar el 60% del tráfico. Pero en Colombia teníamos el 95% del tráfico con el 62% de clientes. Con la medida, sumada a otras, se pasó a tener 72% del tráfico con un 50% de los clientes. Bajo la participación de mercado y redujo su tráfico, aun cuando sigue siendo alto.
«Fue necesaria la intervención porque el mercado tal cual estaba no era sano. Eso genera una barrera que no favorece la competencia», concluyó.
LA EXPERIENCIA CHILENA
En Chile también se logró tener un mercado más saludable como resultado de la aplicación complementaria de una variedad de políticas, entre ellas la eliminación del llamado «costo cero», aseguró Raúl Lazcano, jefe de la división de política regulatoria en telecomunicaciones de dicho país.
El equilibrio tarifario, dijo, fue resultado de variedad de medidas, semejantes a las aplicadas en Colombia, que se mantuvieron en el tiempo aun cuando se dió un cambio de Gobierno. No fue sencillo, agregó, pues hubo resistencia de los operadores a la intervención, pero se logró con un dictamen del tribunal especializado en el 2012.
No existe fórmula única que garantice la competencia en todos los países, pero en el caso chileno está claro que la intervención no produjo daños al consumidor, añadió Natalia Vega, gerente de IDC para Chile y Perú.
Según Vega, entre el 2012 y el 2016 se observó una reducción de la tenencia de equipos – un usuario ya no necesita tener tres teléfonos, una para llamar a los contactos que tiene en cada operador – y un menor gasto por persona, pues bajó el precio por minuto. Además no se encontró caída en el consumo de llamadas de voz, sino que creció el tráfico entre móviles.
¿VIABLE EN EL PERÚ?
En el Perú también hemos experimentado una evolución en la composición del mercado gracias a la aplicación de un conjunto de medidas pro competencia. Hemos pasando de tener dos operadores que concentraban el 95% de los clientes a que ahora solo sumen alrededor del 80%. Sin embargo, esto no ha implicado una reducción en la cantidad de llamadas que se realizan desde cada operador, enfatizó Roberto Baltra, director ejecutivo de Baltra Consultores.
Según comentó, las diferencias de precios son marcadas y generan un problema. Tanto operadores grandes y chicos, como Movistar y Bitel, recurren a la implementación de tarifas costo cero o muy bajas cuando llamas a clientes del mismo operador. Prohibir esta práctica, añadió, es probable que afecte las utilidades de los operadores, pero permite sincerar el mercado y reduce las «sobre ganancias».
Tras realizar un análisis sobre lo que ocurriría si se aplican estas medidas en el país, concluyó que beneficiará a los ciudadanos pues gastarán en promedio alrededor de 8% menos sin reducir su consumo de llamadas de voz. Los operadores ganarán un poco menos y algunas de las tarifas en promedio podrían ser un poco más altas, pero se darán las condiciones para que más competidores, como los OMV, ingresen al país y esa pluralidad de ofertas intensifica la competencia y beneficia al consumidor, enfatizó.
«A los OMV les sale caro ingresar cuando la mayoría de clientes están en un solo operador. Mientras se mantenga la diferencia de precios en el Perú será difícil lograr la llegada de más competencia», añadió Juan Pablo Vásquez.
Discrepó con esta postura Daniel Shimabukuro, jefe del área de regulación económica de Telefónica, quien considera que la realidad local es muy diferente a la chilena o colombiana y no se lograrán los mismos resultados. Aquí las llamadas a bajo costo entre usuarios de la red se eliminarían lo que implicará que los clientes de menores ingresos paguen un poco más, dijo.
“En el Perú ya tenemos una dinámica competitiva intensa donde todos los operadores tienen productos que incluyen tarifas diferenciadas y se corre el riesgo de afectar el equilibrio económico de la industria, incluso del operador más pequeño», comentó.
Juan Rivadeneyra, director de regulacón de Claro, añadió que el mismo regulador, dos años atrás, estableción que esta medida intervencionista no era conveniente en nusetra realidad y en lugar de beneficios, perjudicaría a los usuarios.
“En todos los años precedentes y desde sus inicios, las tarifas de telefonía móvil se han regido por la libre competencia, sin que haya necesidad de intervención del Estado. La libertad tarifaria ha sido la base del desarrollo de la telefonía móvil en el Perú. La intervención del Estado constituiría una grave ruptura del principio fundamental de la economía de libre mercado», enfatizó.
