Defensa del Consumidor
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha dicho que la reconstrucción podría implicar un presupuesto de US$ 9,000 millones. Este es el daño económico generado por el fenómeno El Niño Costero, pero una parte de esos recursos no necesariamente tendrían que salir del erario público. ¿Por qué?
Porque según el especialista Gabriel Bustamante de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros (ACUSE), la ley determina que la infraestructura del Estado esté asegurada. De ahí que varias compañías de seguros deberían organizar mejor su papel en el contexto de los huaicos y del desborde de ríos que destruyeron algunas obras públicas que contaban con una póliza de seguros.
Es decir, no solo se trata de vender los seguros como se hace a cualquier empresa privada o al Estado, sino que se le debe dar también la importancia del caso a los contratos suscritos de cara a situaciones como los desastres naturales. Las obras públicas cuya concesión fue dada a grandes compañías por el Estado están protegidas con pólizas de seguros contra desastres naturales según la Ley 28716 de Control Interno de las Entidades del Estado, por lo cual las aseguradoras deberían de pagar parte de la reconstrucción de los puentes, carreteras y toda infraestructura afectada por el Niño Costero.
Lo cuestionable es que, luego de la destrucción causada por los huaicos, las empresas del ramo solo se preocupan de vender seguros domiciliarios contra huaicos, sin informar debidamente acerca de su papel a desempeñar cuando estos ya se produjeron. El presidente de la República debe reparar en que la Ley 28716, en su literal b) artículo 4, Titulo III, y la Resolución Nro. 320-2006-CG, del 30 de octubre de 2006, abordan un aspecto central de las “Normas Técnicas de Control Interno”, donde se afirma que las entidades del Estado implantarán obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales.
Ello implica cuidar y resguardar los bienes públicos ante cualquier forma de perdida, deterioro, uso indebido, actos ilegales, así como en general contra hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos. ACUSE también manifiesta que todas las obras públicas gestionadas a través de Asociaciones Público Privadas (APP) deben, contratar obligatoriamente pólizas de seguros, las que tendrán que establecerse en los correspondientes contratos de concesión.
De modo que sería bueno que todo este tema sea materia de análisis por parte del Ejecutivo y por otras instancias de gobierno para tener desde ahora una relación más clara sobre cuánto debe poner el Estado por la reconstrucción y cuánto les tocaría a las aseguradoras. En ese sentido, esfuerzos como el de ACUSE, orientados a proteger los activos que le pertenecen en realidad a más de 31 millones de peruanos, debería de ser un asunto de interés del propio jefe de Estado conocer más detalles sobre el tema de los seguros y el Estado.
Asimismo, esta preocupación tendría que involucrar directamente a entidades como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Contraloría General de la República, las que desde ya deberían informar acerca de cuáles son las pólizas que se activarán y cuáles las sumas indemnizables en esta etapa de reconstrucción de los pueblos afectados por los huaicos, porque la verdad es que no todo lo tienen que pagar nuestros impuestos.
