La Contraloría detectó serias irregularidades en el proceso con que el que desde la Procuraduría General del Estado (PGE) –que encabeza María Caruajulca– se quiere sacar del medio al procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Ortiz, quien ha revelado actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.
A través del Informe N°005-2022-OCI, al que accedió Perú21, se advierte en principio que “no existe” un acuerdo de Consejo Directivo de la PGE (como lo requiere la norma) sobre el proceso de evaluación de los procuradores que estuvieron en el cargo antes de la entrada en vigor de la reforma del sistema de defensa jurídica del Estado del 2019, como es el caso del procurador Ortiz.
Y, pese a que no existe un acuerdo formal del Consejo Directivo, la Dirección de Información y Registro de la PGE, que responde a la cuestionada Caruajulca, dispuso hace unos meses una revisión de requisitos de los procuradores, con el cual se viene buscando remover del cargo a Ortiz.
“La citada unidad orgánica no tiene competencia para ‘evaluar’ y/o ‘revisar’ de oficio los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo N°1326 para ejercer el cargo de procurador”, remarca la Contraloría en el documento.
Pero eso no es todo. De esta revisión que realizó esa dirección –ahora se sabe, fue irregular–, se emitió un informe en donde se determina que de 97 procuradores a nivel nacional, solo el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones “no cumple con los requisitos referidos al ‘ejercicio de la profesión’ y ‘no tener antecedentes policiales’”.
Sin embargo, como parte de la indagación realizada por la Contraloría, la Dirección de Criminalística de la Policía le respondió que Ortiz “no tiene antecedentes policiales”, por lo que el órgano de control observó “una contradicción de lo señalado por las unidades orgánicas de la Procuraduría frente a lo informado por la Policía”.
“La Dirección de Información y Registro viene realizando una revisión de requisitos sin contar con un marco normativo sobre las competencias de dicha labor”, señaló en una parte de su informe el órgano de control.
Además, la Contraloría advirtió que se había tomado como criterio el cómputo de los años de experiencia profesional desde la obtención de la colegiatura, pese a que Servir ya había señalado que ello debe de realizarse “desde la fecha en la que el profesional en Derecho egresó de la universidad” o, de ser el caso, la obtención del bachiller.
Para la Contraloría, lo detectado “genera el riesgo de afectar la idoneidad y debilitar la gestión en la defensa jurídica del Estado, así como afectar la legalidad de las actuaciones administrativas”.
La Contraloría notificó del informe elaborado a la PGE el pasado 11 de agosto, y le requirió a la misma Caruajulca que, en el plazo de cinco días hábiles, le de cuenta de las acciones correctivas tomadas frente a lo observado.
Desde que fue designada el pasado 25 de febrero por el presidente Pedro Castillo, Caruajulca es cuestionada por su silencio frente a los graves casos de corrupción que golpean al Gobierno, pese al cargo que ostenta.
FUENTE: PERÚ 21
