En Google, el juez Richard Concepción Carhuancho está bien posicionado. Basta escribir su nombre para encontrar 43 mil enlaces con información sobre su persona. Sus fallos han sido históricos. El magistrado tarmeño ha ordenado la prisión preventiva para dos ex presidentes: Alejandro Toledo y Ollanta Humala . Y recientemente dictó una medida similar contra cuatro empresarios. Su hoja de vida también nos muestra que estuvo al frente de otras importantes investigaciones, como las referidas a La Centralita, ‘Peter Ferrari’, Pancho Boza y Oropeza. Es aplaudido por unos y cuestionado por otros por sus polémicas sentencias. Saque usted sus propias conclusiones.

Pocas veces un juez ha sido tan popular por sus fallos. ¿Es consciente de que está marcando la agenda nacional a nivel político?
He escuchado ese comentario y lo tomo con humildad y responsabilidad. Para mí, lo que está por encima de todo es el cargo y la confianza que ha depositado en mí el Estado peruano y trato de estar a la altura para cumplir cabalmente mi labor. En cada decisión que tomo, tengo en cuenta los presupuestos procesales y los elementos de convicción que se acoplan al caso.

Sin embargo, algunos abogados y especialistas consideran que sus medidas son extremas…
Una vez que emito mis decisiones, estas tienen vida propia y las partes las pueden cuestionar y para eso existe la instancia plural para que un órgano superior las revise. Estas podrían confirmarse, revocarse o anularse.

En el caso de los empresarios vinculados a Odebrecht y que son investigados por pagar una presunta coima de US$15 millones a favor del ex presidente Alejandro Toledo a cambio de la Interoceánica Sur, algunos consideran que el simple hecho de tener una buena situación económica y un intenso movimiento migratorio no es determinante para concluir en la existencia de un peligro de fuga. ¿Cuáles fueron sus fundamentos?
Yo evalúo todas las aristas, no solo esos puntos. Uno de los presupuestos es el peligro procesal. Y en el peligro procesal no solo se toma en cuenta el arraigo domiciliario, familiar o económico o de carácter laboral. También hay otros factores como la gravedad de la pena, la pertenencia a una organización criminal y la perturbación a la actividad probatoria. En este caso, se quiere evitar el peligro de fuga y obstaculización. No olvidemos que esto podría variar.

Su decisión será evaluada por una sala superior.
Así es. Una sala superior verá el caso porque está sujeto a una apelación y, además, es variable.
No hay que olvidar que las medidas cautelares como la prisión no son medidas definitivas. Estas pueden variar cuando cambian las circunstancias.

Incluso, se ha ganado el apelativo de juez carcelero.
Siempre cojo todas las críticas. Creo que es un motivo para revisar mi trabajo. Yo trato de cumplir mi labor de acuerdo a ley bajo la lógica del principio de igualdad, pero sobre todo lo que me interesa es aplicar el derecho que corresponda a cada parte.

Toledo se encuentra prófugo desde febrero. El caso de la extradición está estancado. ¿Por qué la lentitud?
No hay lentitud. El sistema de justicia está trabajando en este tema. Hay una prisión preventiva que se ha dictado y por el momento no se ha requerido la extradición. Aún el fiscal no me ha pedido nada. Ahora la pelota está en la cancha de la Fiscalía, pero pronto estará en la mía y tendré que elaborar el cuaderno de extradición correspondiente. Traer a un investigado de otro país (Estados Unidos) no es fácil.

¿En la investigación que se le sigue al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia cree que se excedió en dictarles una orden de 18 meses de prisión preventiva?
No responderé sobre ningún caso en particular.

La prisión preventiva puede estar siendo utilizada en exceso…
El tema de la prisión preventiva siempre es un tema polémico. Lo que yo busco es que se utilice de manera adecuada y ponderada. Solo debe dictarse cuando es necesario. En diversas ocasiones he dictado medidas alternativas puntuales.

Los congresistas de Fuerza Popular han presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Qué opina?
Apoyo plenamente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, porque creo que no se puede llevar una acusación constitucional por el hecho de cumplir con su deber laboral. Es cierto que tenemos varios poderes del Estado y puede y debe haber fiscalización, pesos y contrapesos, pero lo que no puede admitirse es que, bajo una pretendida fiscalización (del Congreso), se trate de arrinconar a un funcionario público por el hecho de cumplir sus funciones. El fiscal Sánchez es capaz, probo y está a la altura del caso.

Igual podría ser destituido.
Son los riesgos de toda democracia. Bienvenida la fiscalización pero no para intimidar ni para sacar del camino a gente o a funcionarios públicos tan correctos como él.

La congresista Yeni Vilcatoma ha pedido la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué opina?
No tengo nada que decir al respecto.

AUTOFICHA

– “Nací en Tarma, Junín. Estudié Derecho en Lima. En 2010, el Poder Judicial me nombró juez penal del Tercer Juzgado de la Corte del Santa, en Áncash. Estuve a cargo de la pesquisa de ‘La Centralita’. Soy titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional”.

– “Ahora, en Lima, estoy a cargo de los casos vinculados con la investigación de Odebrecht. Duermo con la conciencia tranquila. Tengo seguridad las 24 horas del día. En la calle recibo muestras de cariño de la gente. Eso es gratificante”.

– “Mis audiencias son largas porque los casos son complejos y tengo que revisar toda la información sobre los investigados. Entro en una carrera meteórica porque tengo que revisar y sistematizar la información. Trato de hacer bien mi trabajo, no me dejo llevar por corazonadas”.
FUENTE. PERU21

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